Entrevistas

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-¿Cómo es el mapa de la salud mental hoy en Argentina?

-No es posible pensar la atención de salud mental en Argentina como “mapa”, lo cual supone un cierto orden y coherencia. En el país tenemos procesos de reforma de la atención con sentido democrático y racionalidad científica, respetuosos de la dignidad de las personas con sufrimiento mental, y con perspectivas de derechos humanos. En éstas la participación de la comunidad es relevante y los servicios están integrados al sistema de salud y al territorio donde residen los pacientes. Es el caso de provincias como Río Negro, Chubut, La Pampa. En otras, y en Ciudad de Buenos Aires, el sistema de atención sigue siendo dominantemente asilar, por lo tanto represivo, ignorando tanto la Ley de Salud como la Ley específica de Salud Mental Nº 448. El hospital psiquiátrico es contrario a la participación de la comunidad, aísla al paciente y refuerza lo que es esencial del sufrimiento mental, que es el aislamiento social y la dificultad de estas personas para vivir en comunidad.

-¿Cuáles son para usted los puntos principales de la Ley Nacional de Salud Mental recientemente sancionada?
-La Ley 26.657 de Salud Mental es un cambio profundo de los criterios con que debe cuidarse la salud mental y la rehabilitación de las personas que sufren trastornos mentales severos. Está centralmente regida por la perspectiva de Derechos Humanos de estas personas, el Estado modifica radicalmente su relación con los enfermos mentales, desde la política represiva de encierro en hospitales monovalentes se dirige al consentimiento del paciente para el tratamiento, la participación de la familia y su comunidad, y el estricto respeto de la dignidad de la persona bajo atención. La Ley establece los principios de una política de salud mental con estos criterios, requiere de una planificación nueva de servicios más cercanos al territorio de vida del paciente (atención primaria de la salud), y prácticas profesionales multidisciplinarias, en base a un equipo de salud mental donde intervengan con iguales incumbencias médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros. La creación de la Unidad de Letrados, art. 22 de la ley, ya en funcionamiento, provee de modo gratuito a cada paciente internado de asistencia legal para que ejerza los derechos que la ley le otorga, limitando la autoridad exclusiva del psiquiatra. La ley está reglamentada y debe aplicarse en todo el país, pero debemos continuar bregando para su aplicación real, esto es que se desplace la atención desde los hospitales psiquiátricos, que deberán ser transformados o cerrados, hacia la atención en hospitales generales y centros de atención comunitarios. También hay que lograr un cambio en la formación de los profesionales a fin de que puedan ejercer en este nuevo contexto.

-¿Qué cree que pasará con los Hospitales Borda y Moyano?
-La Ciudad está viviendo una contradicción enorme en Salud Mental. La ley que la rige, 448, estable todo un programa de reforma dirigida al reemplazo de los hospitales monovalentes por atención en los Centros Comunitarios de Salud (CESAC) y internaciones en hospital general. Pero, el mercado está gobernando estos procesos y se discute defender los hospitales psiquiátricos porque están bajo la amenaza de emprendimientos inmobiliarios que no solo nada tienen que ver con los principios de la ley 448, sino que pueden incrementar el desamparo que ya sufren los pacientes internados o que asisten a los consultorios externos. Lo obvio que esta política orientada por el mercado reniega de lo público y se desentiende de las personas concretas que necesitan del cuidado que solo el Estado puede brindar.

-¿Qué modificaciones cree que deberían realizarse en la formación de profesionales de las disciplinas psi?
-Hoy en el mundo la atención del sufrimiento mental ya no es solo a cargo de médicos, intervienen otros profesionales con igual jerarquía y capacitación, esto requiere reformular los planes de estudio de Medicina, Psicología, aun los de Trabajo Social y Enfermería. Los médicos psiquiatras no están formados para un trabajo con la comunidad, tampoco para compartir el poder de prescribir con el paciente, la familia y otros profesionales. El consentimiento informado del paciente para las decisiones sobre su salud mental, obligado por Resoluciones de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la salud y la mayor parte de las leyes de salud nacionales, consiste en limitar el poder y el ejercicio de autoridad del médico, empoderando a pacientes y familias sobre las decisiones. Esto es un cambio profundo en la formación profesional, dirigida a una pretendidamente practica liberal.


Dr. Emiliano Galende. Psicoanalista, Coordinador del Doctorado Internacional en Salud Mental del Departamento de Salud Comunitaria Universidad Nacional de Lanús. Autor -entre otros- de los siguientes títulos: Historia y Repetición. Temporalidad subjetiva y actual modernidad; De un horizonte incierto; Sexo y Amor. Anhelos e incertidumbres de la intimidad actual, Ed. Paidós.